El 17 de julio de cada año se celebra el Día de la Justicia Internacional, en conmemoración de la adopción de Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), realizado el 17 de julio de 1998.
En virtud de ello, este año conmemoramos el décimo primer aniversario de este extraordinario logro para la justicia. Esta fecha tiene un especial significado para el Perú, ya que constituye una excelente oportunidad para celebrar los logros alcanzados, después de un arduo camino, en los diversos procesos emprendidos por casos violaciones a los derechos humanos. Entre estos logros recordamos las sentencias emitidas en los casos Chuschi, Castillo Páez y La Cantuta. En este último caso, vale destacar que además de la sentencia que condena a miembros del grupo Colina (entre ellos, el Gral. Julio Salazar Monroe quien fue sentenciado a 25 años de prisión), la justicia peruana marcó un hito histórico al sentenciar a Alberto Fujimori, a 25 años de prisión, por los casos La Cantuta, Barrios Altos y Sótanos del SIE. Con ello, por primera vez se sanciona a un ex Presidente de la República por violaciones a los derechos humanos y se establece que los casos comprendidos en el proceso constituyen crímenes de estado y, en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, los delitos de asesinato, constituyeron crímenes de lesa humanidad.
A un mundo globalizado en lo económico y en lo social, corresponde también una justicia global. En los últimos años, se han desarrollado diversos mecanismos de justicia universal, como complemento de lo que se viene haciendo en la Corte Penal Internacional, con intentos y avances de procesamiento en terceros países de quienes han cometido graves crímenes de violaciones a los derechos humanos en países como España, Italia, Argentina, etc. Asimismo, resulta fundamental utilizar el Derecho Internacional Humanitario para juzgar a los responsables de crímenes. Todo ello fortalece los mecanismos de justicia nacional, ya que obliga a los Estados a ponerse a la altura de las exigencias internacionales.
Cabe mencionar que el rol de la sociedad civil ha sido clave tanto en la lucha contra la impunidad y el rechazo a cualquier forma de violencia, como en la vigilancia y exigencia de la puesta en práctica de dichos mecanismos.
Sin justicia no puede haber paz ni igualdad. En tal sentido, desde APRODEH reiteramos el pedido a las autoridades peruanas sobre la necesidad de que el Estado Peruano adecúe la legislación penal peruana al Estatuto de Roma, e instamos a la ciudadanía peruana a mantenerse atenta y vigilante frente a cualquier retroceso o amenaza en la búsqueda de justicia.
Datos:
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El 1º de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma, hecho que marcó el comienzo de una nueva etapa en el sistema de justicia internacional. La CPI, establecida en la ciudad de La Haya, Holanda, es la primera institución judicial internacional con carácter permanente con la capacidad para juzgar a los individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esta corte es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales por lo cual sólo puede actuar cuando las cortes nacionales no puedan o no quieran hacerlo.
- Desde 2002, se ha avanzado mucho en el establecimiento de la Corte. La CPI representa uno de los mecanismos más importantes que tiene el mundo para prevenir o reducir drásticamente las muertes y la devastación que causan los conflictos armados. La CPI no tiene carácter retroactivo. Su jurisdicción aplica sólo a aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma.
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