AIDA y APRODEH alertan del incremento de la contaminación en La Oroya y del lento e insuficiente accionar del Estado peruano para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piden medidas urgentes para proteger la salud y el ambiente de la comunidad afectada.
Lima, 24 de mayo de 2024. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) alertan del lento e insuficiente avance del Estado peruano en el cumplimiento de la sentencia emitida el 22 de marzo de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Comunidad de La Oroya vs. Perú”. Esta sentencia, considerada un hito para la jurisprudencia internacional, establece la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica.
La Corte IDH ordenó al Estado peruano implementar una serie de medidas de reparación integral, incluyendo la remediación ambiental, la reducción y mitigación de emisiones contaminantes, el monitoreo de la calidad del aire, la atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido dos meses desde la notificación de la sentencia, no se tiene conocimiento de acciones concretas para su implementación.
Aumento de la contaminación en La Oroya
En medio de este contexto, según el sistema de vigilancia ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se ha registrado un alarmante aumento en la presencia de dióxido de azufre en La Oroya debido a la reactivación parcial del complejo metalúrgico. Esta situación pone en riesgo la salud de la comunidad y evidencia la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas efectivas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización.
Desafíos en la implementación de la sentencia
Durante una conferencia de prensa organizada por AIDA y APRODEH, Rosa Peña, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, señaló: “La sentencia es una gran oportunidad para que el Estado de Perú prevenga y gestione de mejor manera los impactos ambientales derivados de las actividades minero metalúrgicas, así como para que mejore la atención en salud de las personas expuestas a la contaminación. La Corte IDH ya identificó los aspectos clave, ahora es tarea del Estado en su conjunto generar una buena implementación que sirva de ejemplo para otros casos a nivel nacional e internacional”.
Christian Huaylinos, coordinador del área legal de APRODEH, destacó la necesidad de un trabajo multisectorial articulado: “Se necesita un esfuerzo coordinado de los tres niveles del Estado —local, regional y nacional— para avanzar en el cumplimiento efectivo de la sentencia. Además, deben establecerse mecanismos claros para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la implementación de las órdenes dadas por la Corte”.
Exigencias de la comunidad
Yolanda Zurita, peticionaria del caso, enfatizó la frustración de la comunidad ante la falta de acción: “Nosotros como población necesitamos sentir y evidenciar que se está cumpliendo. No es posible que después de 20 años de proceso, y de que se hizo pública la sentencia de la Corte IDH, haya funcionarios que digan desconocer la sentencia”.
La sentencia de la Corte Interamericana no solo se centra en la reparación a las víctimas directas, sino que también incluye medidas de restitución y garantías de no repetición en favor de toda la población de La Oroya y del país. Define parámetros para la correcta actividad empresarial minera y metalúrgica en Perú, en defensa del medio ambiente y la salud.
Desde AIDA y APRODEH, hacemos un llamado urgente al Estado peruano para que cumpla con las medidas ordenadas por la Corte IDH y tome acciones inmediatas para proteger el ambiente y la salud de la comunidad de La Oroya.
