¿Dónde se inició?
En abril de 2024, el Estado peruano debía acudir a la CIDH y defender que el Tribunal Constitucional hubiera validado el indulto a Alberto Fujimori y se le hubiera liberado. Frente a ello, abogados, defensores y seguidores fujimoristas retomaron el discurso para afirmar la supuesta inocencia de Fujimori en el caso La Cantuta / Barrios Altos y la legalidad del indulto que, en 2022, el Poder Judicial confirmó que fue el resultado de un acto de corrupción.
¿Dónde se viralizó?
Alberto Fujimori no era inocente de los cargos por los que fue sentenciado. El indulto no afirma la inocencia de una persona, al contrario, reafirma que cometió los delitos pero le perdona el cumplimiento de la condena impuesta.
¿Por qué esto es falso?
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Alberto Fujimori no era inocente de los cargos por los que fue sentenciado. El indulto no afirma la inocencia de una persona, al contrario, reafirma que cometió los delitos pero le perdona el cumplimiento de la condena impuesta.
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El indulto otorgado no fue legítimo ni legal. En 2022, el Poder Judicial condenó a Kenji Fujimori por haber negociado, ilegalmente, los votos de su bancada para evitar una vacancia presidencial a cambio de la liberación de su padre. En 2024, la Corte Suprema ratificó la condena. El indulto fue un acto de corrupción.
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Alberto Fujimori fue condenado por varios delitos. Los 25 años por el caso Barrios Altos / La Cantuta porque se comprobó que destinó recursos, normas secretas y actos políticos para financiar y encubrir al Destacamento Colina. Además, reconoció actos de corrupción que incluyeron tener centrales de chuponeo a opositores en Palacio de Gobierno; 6 veces fue condenado por corrupción.
¿Por qué importa?
Porque la corrupción nos afecta a todos y todas cuando garantiza impunidad de criminales. Porque la validación del Tribunal Constitucional no elimina que fue producto de un acto de corrupción e ilegal. Porque la memoria es fundamental para no repetir la historia. Porque este discurso abona a que los asesinatos, como los cometidos por el Destacamento Colina – que incluyeron matar a un niño de 8 años -, o abusos de poder son “necesarios” para garantizar la “paz interna”, en medio de un contexto en que los ciudadanos(as) que protestas frente a la inseguridad y el crimen organizado son calificados de “terroristas” o “traidores”.
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