ANÁLISIS. La modificación del artículo 81 de la Ley 29269, Ley de la tenencia compartida, que establece que el Poder Judicial podría disponer la tenencia compartida de los hijos y las hijas. Ese cambio normativo genera preocupaciones y podría jugar a favor, en muchos casos, de padres agresores y poner en riesgo a los hijos, las hijas y las madres.
Escribe: Karina Bueno – Coordinadora de la Unidad de Género
Escribo este artículo desde mis vivencias y desde aquellas que comparto con otras mujeres en las luchas por derechos y en los caminos comunes de la crianza y maternidad. A propósito de la Ley de tenencia compartida, he rebuscado diálogos sobre nuestros miedos e injusticias.
“No puedo dejar a mis hijos y sobre todo si es niña con su padre, con todas las cosas que pasan, no puedo confiar”, “Me ha reclamado que no le dejo ver, se la ha llevado, pero al final la ha dejado con su mamá y él sigue con su vida normal”, “Tengo que insistirle para que deposite la pensión, es muy poco y encima me amenaza que no dará nada”.
Podría seguir con más testimonios, pero creo que es suficiente. Esta reflexión surge a raíz de la modificación del artículo 81 de la Ley 29269, Ley de la tenencia compartida, que establece que el Poder Judicial podría disponer la tenencia compartida de los hijos y las hijas.
Según el Observatorio Nacional de Violencia de Género, entre los principales agresores sexuales de niños y niñas aparece en tercer lugar el padre con (19.9 %) después de otros hombres del entorno familiar. Ocho de cada diez hogares peruanos dependen de las mujeres para las labores domésticas y de cuidados, según una encuesta del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Eso quiere decir que los “padres” todavía no se han planteado un debate serio sobre la responsabilidad ética, política e igualitaria de proveer cuidados. En 2021 se denunciaron más de 600 casos de violencia económica y otras formas de violencia que pretenden generar daños en las mujeres a través de sus hijos o hijas. A esto se le denomina violencia vicaria: un tipo de violencia machista que consiste en hacer daño a los seres queridos para dañar a la mujer.
Particularmente le he dado batalla. Un tercio de mi vida hacía una crianza compartida efectiva, la misma que tiene una serie de implicancias y cambios socioculturales para las partes involucradas en este proceso. No siento que haya sido en vano, pero también siento que aún es un horizonte que me seguirá costando construirla con alguien que se abre al debate y la posibilidad de criar.
También siento que esta experiencia no es representativa y que a la mayoría de las mujeres les acontece muchísima dificultad y mayor violencia concertar acuerdos sobre el cuidado, el aporte económico equitativo y el cese de violencias tras una separación.
Por todo lo anterior, considero que este tipo de normativas “relámpago” no buscan “promover el rol de crianza igualitaria” como lo hacen parecer. Por el contrario, es una estrategia de grupos conservadores para formalizar mecanismos de mayor control y violencia sobre las mujeres y los niños y niñas.
Finalmente, en una sociedad con elevados índices de VG, en la que se desvaloriza y desprecia los cuidados bajo la división sexual del trabajo, donde predominan masculinidades patriarcales y violentas, no es posible la tenencia compartida.
Las normas tienen que guardar coherencia con esta realidad y antes de emitir medidas arbitrarias, se requieren políticas para desterrar el sistema patriarcal y colocar “los cuidados” en el centro de la vida, que implique un nivel de importancia tal que convoque a hombres, mujeres, familia, comunidad y Estado a resguardar el derecho de cuidar y de ser cuidados.
“Hacen leyes que exponen a la mujer y a los niños a hombres agresores”
Escribe: Jessica Clemente – Responsable de Comunicaciones
El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga presentó un proyecto de ley que establece que, en caso de padres separados de hecho, la tenencia de los hijos menores sea compartida. Inés Agresott, coordinadora general del Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas Perú, y Sabrina Rodríguez, integrante del Colectivo Frente de Lucha Materna, analizan ese proyecto que podría afectar a los menores y a las madres. Pulso regional habló con dos representantes de colectivos entendidos en este tipo de temas.
Entrevista a Inés Agresott – Coordinadora General del Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas Perú
¿Qué preocupaciones tiene su colectivo respecto al proyecto de ley 1120?
Nosotras, casi todas, hemos tenido tenencia compartida con los agresores. Tenemos conciliaciones y resoluciones donde se compartía la tenencia y ellos decidieron de manera unilateral quedarse con los niños e ignorar esos acuerdos a los que se había llegado. Entonces ya era normal eso aquí en el Perú de que la tenencia compartida no funciona. Lo que se ha hecho es legalizar lo que venía siendo como práctica y realizar violencia vicaria contra los niños. El Estado, con esta sociedad que ha normalizado la violencia hacia las mujeres, lo que hace ahora es colocar leyes que exponen a la mujer y a los niños a estos hombres agresores, violadores, sociópatas, feminicidas.
¿Considera que ha habido avances en el actual gobierno en cuanto a la lucha contra la violencia de género?
Yo no veo los avances, todo lo contrario. En el momento en que el presidente Pedro Castillo tomó la decisión de poner de premier a ese señor que le había pegado a la hija, a la esposa, a todas las mujeres que tenía alrededor, ahí no más sacas la línea de que existe la normalización de la violencia a las mujeres. Pero hay esperanzas con la actual ministra Diana que es una reconocida activista de los derechos de las mujeres y que va a seguir luchando, aunque en un organismo que está podrido. Pero también, como sociedad debemos asumir que tenemos un problema super grave contra los más vulnerables. Parece que hubiera un odio contra las mujeres en general, extranjeras y nacionales, pero peor es contra nosotras, porque hay xenofobia y racismo.
Sabrina Rodríguez – Integrante del Colectivo Frente de Lucha Materna
¿Qué preocupaciones tiene su colectivo respecto al proyecto de ley 1120?
Que quiere automatizar la tenencia compartida y privilegiarla por sobre una tenencia con la figura más adecuada y oportuna que sea determinada por el juez, que normalmente suele ser la madre por el vínculo de apego que suelen darse en las primeras etapas de vida. Este proyecto promovido por la bancada fujimorista no tiene un enfoque de género transversal e intercultural que nos permita realmente asegurar que se está tomando en cuenta la diversidad de casos que existen. Además, se dio sin tomar en cuenta los altos índices de violencia de género que muchas veces son estos factores que determinan que una madre termine por decidir separarse.
¿Considera que ha habido avances en el actual gobierno en cuanto a la lucha contra la violencia de género?
No hay avances, al contrario, hay un estancamiento. Los únicos avances son por parte de las ministras, cuando ha estado Anahí y ahora que está Diana. Estamos más tranquilas con Diana, que de una manera muy loable ha tratado de poner ahí todo lo que puede, con todas las limitaciones que tiene con ese gabinete. En este caso tomando una posición respecto a la tenencia compartida, lo cual le ha llevado a tener represalias y ser, de manera más rápida, interpelada en el parlamento respecto a sus opiniones, tanto sobre el derecho a decidir sobre nuestra libertad sexual en torno al aborto y esta situación de la tenencia.
¿El gobierno está comprometido con las mujeres?
El Estado no está comprometido con un enfoque de igualdad de género. Al contrario, toma medidas muy populistas como esta de fomentar la castración química en casos de abuso sexual a menores lo cual no nos permite combatir el problema de fondo que es generar nuevas masculinidades, generar entornos en donde los mismos hombres adultos puedan cuestionarse y así reaprender, crear y construir nuevas propuestas en base a sus vivencias en vez de poner en una balanza la lucha constante entre hombres y mujeres, cuando en realidad lo que necesitamos es que el Estado genere políticas públicas de prevención y de intervención.
