Para hoy 13 de agosto, estaba previsto el inicio del juicio oral de diecinueve pobladores de Cotabambas, procesados por los hechos sucedidos en el año 2015 en el marco del conflicto contra la Empresa MMG, a cargo del proyecto minero Las Bambas pero nuevamente fue postergada.
Por quinta vez, no se instaló la audiencia, esta vez fue porque uno de los imputados no estaba notificado. Mirtha Vásquez, abogada de Aprodeh, refirió : “Al margen de que se debe a que uno de los imputados no está notificado, el Juez deja expresa constancia que el Juzgado unipersonal que tiene que ver este complejo caso no tiene un solo personal designado, funciona con apoyo voluntario del personal del juzgado mixto y que así es imposible administrar justicia. Por otro lado la defensa pública tampoco se abastece, sólo son dos abogados de oficio y una acaba de renunciar, bajo esta situación no pueden patrocinar a tanta gente, la mayoría criminalizados por conflicto, de hecho el nuevo defensor que sólo nombraron provisionalmente porque pertenece a otra jurisdicción, se iba a negar a que se instale el juicio pues le entregaron el caso hoy. Es increíble pero efectivamente, así es imposible que se administre justicia en un caso como este”, agregó.
Como se recuerda, el pasado 03 de julio la audiencia tampoco se realizó porque el nuevo juez del caso, Exaltación Chipana Quispe, aludió que conforme señala el código procesal penal, el juicio oral debe darse de manera continuada con la presencia ininterrumpida del juez y fiscal, dada la característica de oralidad que tiene el proceso, y que por ello al no haber estado su persona desde la instalación del juicio no puede continuar con el mismo. Estas continuas postergaciones, dejan un mal precedente para la administración de justicia en escenarios de conflictividad social; por lo que es necesario recordar a los operadores de justicia, que los intereses públicos y el respeto a los derechos humanos de los procesados están por encima de cualquier carencia logística.
Entre los procesados se encuentra Javier Mamani, quien expresó su preocupación porque ya llevan esperando justicia por más de tres años: “desde marzo del 2019 se sigue postergando la Audiencia, no por culpa de nosotros sino por culpa de ellos, esperemos se acelere el proceso para ya aclarar porque no somos culpables y nuestra conciencia está tranquila”, expresó.
Como se recuerda, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad a diecinueve defensores de derechos por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos.
Desde Aprodeh, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado para que se administre justicia oportuna, considerando que estas recurrentes postergaciones afectan emocionalmente, económicamente a las familias y a los procesados que hacen grandes esfuerzos y sacrificios para trasladarse caminando por varias horas para estar presente ante el juzgado.
La audiencia fue reprogramada para el 15 de octubre de 2019
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