APRODEH viene realizando un acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia en cuanto a sanación comunitaria y asesoría legal. El trabajo incluye escuchas y conversaciones que son sumamente valiosas cuando se trata de enfrentar situaciones de violencia de género judicializadas o no. En este esfuerzo nos topamos con una complejidad de expresiones y entramados de violencia sexista, racista y clasista, algunas de estas claramente identificadas como tal, pero otras apenas como situaciones anecdóticas que se van sumando a las dificultades que sobrellevan las mujeres sobre el ser mujer en esta sociedad patriarcal. Una de las violencias menos reconocidas como tal, es la económica.
Es importante adentrarnos en los testimonios de violencia, para analizar cómo es que las mujeres viven la violencia económica; a partir de estos podemos contribuir a hablar más de sus reales impactos y normalizar su denuncia y tratamiento. Una sobreviviente nos narró lo que vive: “Mi esposo siempre me ha pegado, he denunciado, pero siempre se archivan porque tiene amigos que lo reconocen. Sale con otras mujeres, dice que ahora que es autoridad tiene que vivir libremente con mujeres que estén a su nivel, ya no llega mucho a la casa, ya no me da dinero para los gastos, cuando me trae un pollo o una arroba de papa con eso dice que ya cumplió, revisa las ollas y si queda comida reclama para eso él gasta, para que sobremos comida. Yo solo quiero que pase pensión a mis hijos hasta que termine de estudiar nada más”. En este caso, la sobreviviente sufre de forma sistemática un conjunto de violencias: física y psicológica, las que fueron motivo de denuncia y quedaron impunes, dando lugar a la violencia institucional. Pero además, se da una discriminación clasista dado que su agresor asume tener un nuevo estatus, a partir de su poder político como autoridad e infringe a su víctima una serie de humillaciones asignándole un lugar inferior a él, pretendiendo provocarle vergüenza e indignidad. Violencia económica, a través de las restricciones impuestas que vulneran la seguridad alimentaria, salud, vivienda y educación del grupo familiar, pero además mediante la evasión y desvalorización del trabajo de cuidado; ambas responsabilidades de provisión y trabajo de cuidado fundamental para sostener la vida humana, terminan siendo cargadas sobre los hombros de las mujeres en nombre de su rol de madres; concretándose de este modo un mecanismo de violencia para mantener bajo control la vida, cuerpo y uso del tiempo de las mujeres. Las violencias no son aisladas, son sistemáticas y por ello se entretejen en sus varias formas, actores, espacios, poderes y simbolismos. Con referencia a los simbolismos, por ejemplo, el sistema ha expropiado nuestros vínculos de amor y protección, como elemento que facilita la explotación del cuidado gratuito e incondicional que realizan las mujeres, acallando así, en el nombre del amor, el reclamo frente a la violencia económica y la falta de paternidad efectiva y cuidadora.
En otro caso, una sentencia publicada por el Ministerio Publico de Apurímac ha logrado enviar 32 años de cárcel a un violador de una menor 13 años, el pago de 30 mil soles como reparación civil y 100 soles mensuales por concepto de alimentos a favor del bebé nacido resultado de la violación. En este hecho, se ha valorado la gravedad de la violencia sexual y aplicado una sentencia punitiva quizá satisfactoria para la víctima, sus familiares y para la sociedad indignada. Sin embargo, una niña ha sido condenada a ser madre no solamente producto de una violación sexual, sino de este Estado patriarcal e indolente. El sistema de salud pudo informar y aplicar el protocolo de aborto terapéutico ante el alto riesgo de afectación de su salud física y psicológica, pero no lo hizo. Este sistema ha forzado la maternidad de una niña, una que cargará con el dolor y el estigma de una violación, una que no pudo ser deseada mucho menos decidida, porque se supone que las niñas tienen el derecho de ser niñas y no madres; una maternidad que además será absolutamente precaria y violenta económicamente hablando. ¿Cómo es que una niña que no tiene una fuente de ingresos, empleo, y/o oportunidades, realizará la crianza de un niño o niña? Se le ha asignado 100 soles de pensión para tal fin ¿Quién podría, con la suma de 100 soles mensuales, cubrir las necesidades básicas de un niño o una niña? Cualquier mujer con experiencia de maternidad podría testimoniar que 100 soles “no alcanza ni para los pañales”. Cabe mencionar, que el trabajo que, si tendrá ella, será el de cuidado, que demandará de la mayor parte de sus energías y tiempo de forma gratuita y sin reconocimiento. Las múltiples violencias, entre ellas la económica, que implica esta sentencia en la vida de las niñas es bárbara, inhumana, pero está normalizada por las instituciones estatales.
Finalmente, es importante identificar, nombrar y visibilizar las violencias que operan de forma entretejida en sus diversas manifestaciones; es necesario hablar de la violencia económica y sus graves impactos en la vida de las mujeres, también, alertamos que las instituciones estatales de atención y protección a las víctimas de violencia de género siguen normalizando, re victimizando y reproduciendo estas violencias sistemáticas.