En Apurímac, desde el 07 de diciembre de 2022, ciudadanos y ciudadanas de esta región
iniciaron protestas por su disconformidad con el contexto político. A partir del 10 de diciembre,
se perpetró la masacre de Apurímac. En los primeros cinco (05) días de protesta en la región, se
han contabilizado seis (06) personas fallecidas, 83 personas heridas y decenas de personas
detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad. Cinco del total de los fallecidos fueron
víctimas de proyectil de arma de fuego. Dos de ellas eran adolescentes y la mayor tenía solo 19
años. Algunas de las personas heridas, tendrán secuelas que les acompañarán toda su vida. En
todos los casos, no solo sufre la víctima, sino sus familias y la comunidad.
Frente a esa masacre, es necesario que el sistema de justicia actúe. Por eso, la Asociación Pro
Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y el equipo
legal voluntario de DD.HH, integrado por abogados independientes, presentaron una denuncia
penal contra Dina Boluarte, sus ministros, altos mandos policiales y contra quienes resulten
responsables. La denuncia, que fue ingresada el lunes 13 de febrero de 2023 ante el despacho
de la Fiscal de la Nación, contiene material audiovisual, documental y testimonios de víctimas,
que demuestran la comisión de ilícitos penales.
No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto. Se alega
en la denuncia que la masacre en Apurímac tiene como coautora a la Presidenta de la República,
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el director
general de la Policía Nacional del Perú, el jefe del Frente Policial Apurímac y al jefe de la división
policial de Andahuaylas y Chincheros. No solo los efectivos policiales, que fueron actores
directos, son responsables penalmente. Sino también lo son autores mediatos, que formaron
parte de la cadena de mando.
Para mayor información, revisar el documento en este enlace.
