Perú: En audiencia pública ante la CIDH, el Estado demuestra nuevamente su falta de compromiso con el Sistema Interamericano y las víctimas de violaciones de DDHH -

La audiencia tuvo lugar durante el 190° período de sesiones de la CIDH.
Ante el abierto posicionamiento del Estado de no cumplir sus obligaciones internacionales, las organizaciones solicitantes requerimos a la CIDH que incluya a Perú dentro del grupo de países que desconocen al Sistema Interamericano y sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Reiteramos la solicitud urgente de la puesta en marcha de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que el diálogo con el Estado no se ha traducido en acciones reales de protección y garantía de los derechos humanos.
Durante su exposición, representantes del Estado peruano negaron la existencia del conflicto armado interno.

Washington, DC y Lima, Perú; 10 de julio de 2024. – En una audiencia pública realizada en el marco del 190° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos requerimos a la CIDH que incluya a Perú en el Capítulo IV.B de su informe anual debido al “incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”. Este capítulo incluye a países con situaciones de derechos humanos preocupantes y que requieren atención especial del órgano internacional y de los estados integrantes de la OEA.

Durante su intervención, las organizaciones destacamos cómo en Perú existe una grave y sostenida crisis en materia de derechos humanos debido al debilitamiento de las instituciones democráticas, las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, junto con la falta de voluntad estatal para combatir la impunidad. Esta crisis facilitó que los responsables de violaciones a los derechos humanos alcanzaran posiciones de poder y promovieran políticas que retroceden en términos de verdad, justicia y reparación.

Por su lado, durante su exposición, el Estado peruano negó la existencia del conflicto armado interno, asegurando que en el derecho internacional el término tiene una connotación específica que no aplica a lo sucedido en Perú. Esta afirmación fue criticada por la comisionada Andrea Pochak quien destacó que el conflicto armado, que generó graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, fue reconocido como tal por la propia Comisión Interamericana, organismos internacionales y por la misma justicia peruana. “Negar la existencia de un conflicto armado es tener una postura negacionista y esto no lo podemos permitir por parte de la Comisión Interamericana”, aseguró la comisionada Pochak.

Durante la audiencia, resaltamos que los tres poderes del Estado han mostrado una voluntad manifiesta de incumplir su obligación de combatir la impunidad. Un ejemplo de especial gravedad fue la aprobación por parte del Congreso peruano de la iniciativa de ley 6951/2023-CR el pasado 4 de julio, en abierto desacato a los pronunciamientos de Naciones Unidas y a lo ordenado por la Corte Interamericana días antes en una importante resolución en la cual otorgó medidas provisionales a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ordenando al Estado se abstuviera de aprobar esta iniciativa por la grave afectación que generaría en el derecho a la justicia de las víctimas al dejar en impunidad todos los casos del conflicto armado interno en Perú. Ante ello, el Poder Ejecutivo, lejos de contrarrestar estas acciones remitió, junto con el Poder Legislativo, una carta a la Corte Interamericana expresando su rechazo a esta Resolución. Asimismo, el titular del Poder Judicial se manifestó públicamente señalando que la Corte Interamericana no tiene facultades para pedir a los poderes del Estado que reaccionen ante esta ley contraria a estándares internacionales.

La posición del Estado peruano el día de hoy resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática de la OEA. Por lo que, entre nuestras peticiones, como organizaciones solicitantes, reiteramos a la CIDH la necesidad de que se establezca un grupo de expertos independientes (GIEI) para analizar los graves retrocesos en la lucha contra la impunidad en Perú, que se adopten las medidas necesarias para la presentación del informe sobre la situación en Perú ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y se mantenga un monitoreo cercano a la situación de impunidad en Perú.

Es evidente que la situación en Perú es crítica y exige que se aumenten los esfuerzos para evitar posibles rupturas institucionales, similares a las que enfrentaron recientemente algunos países de la región, como Guatemala. Es imperativo que la CIDH y la OEA actúen de manera inmediata y decidida utilizando todos los mecanismos disponibles para combatir la impunidad y detener la cooptación institucional en Perú. Es nuestra responsabilidad colectiva luchar por la democracia, el estado de derecho, la justicia, la verdad y la reparación.

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