Tras más de un año de juicio oral contra integrantes del Grupo Colina por la matanza de Barrios Altos por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Calificado, y en el caso de El Santa, los delitos Contra la Humanidad, desaparición forzada, la Primera Sala Penal Liquidadora ha programado una audiencia presencial para la lectura de sentencia este miércoles 4 de diciembre, a las 3:15 p.m. en la Sede Carlos Zavala, situada en Jr. Manuel Cuadros N° 182 – Lima.
La Sala integrada por el magistrado Víctor Lazarte Fernández (presidente) y las juezas Mariela Rodríguez Vega Hayakawa Riojas, en el proceso contra los acusados Aldo Velásquez Asencio y Edgar Cubas Zapata, solo emitirá sentencia contra Velásquez Asencio porque a Cubas Zapata se le dictó mandato de detención en el auto de apertura de instrucción, pero actualmente su situación jurídica es de reo ausente con captura a nivel nacional e internacional. Velásquez Asencio, acusado de ser miembro del Grupo Colina fue capturado en Nueva York en febrero de 2022 y fue extraditado a nuestro país para el inicio de un proceso penal por su responsabilidad en el crimen de Barrios Altos, proceso que se instaló el 25 de mayo de 2023.
De acuerdo a declaraciones de testigos, el procesado Aldo Velásquez Asencio, desempeñó un rol clave en la logística y ejecución de los operativos que resultaron en graves violaciones a los derechos humanos. Velásquez Asencio como miembro del Grupo Colina formó parte de una estructura militar avanzada que operaba por órdenes superiores y contaba con recursos del Estado para la ejecución de crímenes contra civiles.
Recordemos que, el 3 de noviembre de 1991, mientras se desarrollaba una pollada en un solar del Jr. Huanta N° 840 en Barrios Altos, miembros del Grupo Colina irrumpieron en el inmueble con violencia, efectuando disparos de arma de fuego de manera indiscriminada contra las y los asistentes. A causa de la incursión 15 personas murieron, entre ellas un menor de 8 años y 4 personas resultaron gravemente heridas. En el desarrollo de la investigación, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la escena del crimen encontró 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre que correspondían a pistolas ametralladoras con silenciador, de acuerdo a las declaraciones de las y los sobrevivientes.
El 2 de mayo de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Grupo Colina incursionaron en los asentamientos humanos de La Huaca, San Carlos y Javier Heraud de El Santa, en Áncash para secuestrar, asesinar y desaparecer a 9 campesinos, siendo la mayoría de ellos dirigentes gremiales y sindicales que participaban activamente en las organizaciones de su comunidad. En noviembre de 2011, más de 19 años del crimen, las y los familiares les dieron un entierro digno tras ser hallados sus restos óseos en fosas clandestinas, en Chimbote.
“El caso Barrios Altos posee una relevancia internacional significativa, respaldada por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 14 de marzo de 2001 y que subraya la responsabilidad del Estado peruano en garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas. Dicha sentencia marcó un precedente en la lucha contra la impunidad; sin embargo, 23 años después de la resolución y a 33 años de los sucesos, las y los sobrevivientes, y las familias continúan buscando verdad y justicia”, sostiene el equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), institución defensora de derechos humanos que patrocina a las víctimas y sus deudos.
Añade: “El Estado peruano tiene el deber de investigar exhaustivamente, sancionar a los responsables y asegurar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, no vuelvan nunca más a ocurrir en el país, como parte de su compromiso con las víctimas, sus familias y la sociedad que lo demandan. La condena al procesado Aldo Velásquez Asencio es esencial para cumplir con este deber, asegurando que la impunidad no prevalezca, y que se haga justicia en nombre de todas las víctimas, sobrevivientes y sus familiares”.
Lima, 3 de diciembre de 2024.
