Durante esta semana, se están llevando a cabo las audiencias judiciales de la 4° Sala Penal Liquidadora, donde decenas de testimonios están poniendo al descubierto las crueldades cometidas por la Marina de Guerra en la zona de Huanta, Ayacucho, durante el año 1984. Los relatos narran cómo la población se vio atrapada entre dos frentes, enfrentándose tanto a Sendero Luminoso como a los militares.
Los testimonios detallan cómo los miembros de la Marina obligaban a los pobladores a abandonar sus tierras y hogares para congregarse cerca de las bases militares, en un proceso conocido como «navalización». Aquellos que se negaban a unirse a las rondas de autodefensa conocidas como «montoneros» sufrían represalias, siendo sometidos a torturas, asesinatos o desapariciones forzadas.
Uno de los casos más espeluznantes es el de los comuneros de Culluchaca, quienes tras ser secuestrados, fueron trasladados al estadio de Huanta, donde las fuerzas de la Marina tenían su acantonamiento. Los restos de estos comuneros fueron encontrados posteriormente en fosas comunes en Pucayacu, gracias al testimonio de un testigo que presenció cómo cuerpos desnudos eran enterrados clandestinamente en la zona.
La familia de Cirilo Barboza relató cómo su padre fue detenido cuando acudió a un censo convocado por la Marina, y luego desapareció. Más tarde, sus documentos fueron encontrados entre los restos descubiertos en Pucayacu. Aprodeh y la fiscalía están presentes en Huanta para apoyar y representar a las víctimas durante estas diligencias, brindando su acompañamiento desde hace muchos años.
Es preocupante destacar que, a pesar de que la Sala Penal solicitó los recursos necesarios para llevar a cabo las audiencias de firma presencial, la administración del Poder Judicial se negó a proporcionarlos. Por esta razón, la sala ha tenido que recurrir a la firma virtual para comunicarse. Resulta alarmante que la administración pretenda limitar las decisiones de los jueces, cuando su deber es facilitar y gestionar los requerimientos necesarios para que se haga justicia.
Aprodeh persiste en su compromiso de buscar la verdad y garantizar los derechos de las víctimas. Estamos comprometidos a enfrentar esta injusticia y asegurarnos de que aquellos responsables de los crímenes cometidos en Ayacucho sean llevados ante la justicia, sin que la administración pueda interferir en este proceso de reparación y búsqueda de la verdad.
