Foto: Exitosa
Juan Lima Huamaní, es un poblador de la comunidad de Huanacopampa- Challhuahuacho, Apurimac, es un agricultor de 45 años, sin antecedentes, pero desde hace 4 años es procesado por delitos contra la seguridad pública, producción de peligro común con medios catastróficos y daños en agravio de la empresa minera Las Bambas y el Estado. El 28 de setiembre del 2015, cuando Juan regresaba de participar, como miles de comuneros, de una protesta legítima contra el proyecto Las Bambas, la policía lo detuvo en un camino público por donde transitaba; Juan, siendo quechua hablante ni siquiera comprendió por qué la policía lo enmarrocó, lo encerró en el campamento minero con violencia, ni por qué buscaban en sus cosas y documentaban todo; el motivo de su detención no se supo hasta que accedimos al Acta de Intervención policial, donde textualmente se señala “(…)posiblemente habría participado antes causando disturbios (…)”. Veintiún personas fueron detenidas ese mismo día mediante esa irregular e ilegal intervención, y ahora, cuatro años después, luego de muchas diligencias, el 22 de mayo enfrentará un juicio oral en el que se definirá si lo sentencian a 11 años de prisión.
Sí, esa es la cara de la criminalización de la protesta en el país, como Juan Lima, cientos de comuneros en todo el país están siendo procesados, no por haber sido encontrados cometiendo ilícitos, ni siquiera por tener pruebas de haber provocado un disturbio, sino solo por haber participado en alguna manifestación o protesta, por ser dirigentes de las comunidades en conflicto, por haber sido partícipes de alguna reunión, e incluso por firmar documentos donde se invita a alguna movilización; y es que el gran problema es que en nuestro país la protesta social, siendo un derecho, se ha equiparado indebidamente a un acto delincuencial, y el solo hecho de participar y ejercer el mismo, puede justificar el inicio de una investigación, un posterior proceso judicial e incluso podría costar la libertad.
Durante los últimos años la criminalización se ha ido profundizando, ahora incluso las comunidades que protestan son calificadas como asociaciones ilícitas para delinquir y, la movilización es calificada como delito de extorsión; ya se ha llegado a privar de su libertad a miembros de estas comunidades, solo por el hecho de tener un cargo como ocurrió con Gregorio Rojas en el reciente conflicto de las Bambas.
Grave situación, y lo es no solo en términos de cómo se está afectando y restringiendo libertades fundamentales de expresión, movilización y disidencia, propias de la vigencia de una democracia, sino porque esta política contribuye a la profundización de los conflictos sociales lejos de solucionarlos.
Muchos de los conflictos con extractivas en el país no han encontrado cauce de solución, porque no se puede pretender resolver una problema, o que la población acceda a diálogos, a discutir o negociar posiciones si en principio se ejerce contra ellos una persecución criminal. Por eso, resulta absolutamente legítimo que ante un intento del gobierno de acercamiento a la comunidad, la gente exija el cese de esta política represiva, como primera condición para el diálogo.
En el caso Las Bambas, una gran polémica se ha desatado ante la propuesta de presentar una Ley que amnistíe a los campesinos procesados en este conflicto, para que pueda cesar esta persecución y se pueda establecer condiciones de diálogo. Si bien es cierto es una propuesta que responde a un objetivo concreto de la comunidad, terminar con los juicios de dirigentes y pobladores, es polémica en tanto la amnistía implica “el olvido legal de los delitos cometidos, que extingue la responsabilidad de los autores”[1]; eso significa que se acepta la existencia de un delito y la responsabilidad del amnistiado. Para el caso concreto de criminalización, sería asumir implícitamente como delito el ejercicio de la protesta y, si bien en la práctica se cortarían los juicios, sería como aceptar que los comuneros tuvieron responsabilidad sobre supuestos actos ilícitos. En muchos países se ha utilizado esta figura, para proteger y lograr impunidad de violadores de derechos humanos y por ello la CIDH recomendó su no aplicación. Entonces, habría que reflexionar sobre la conveniencia de la aplicación de dicha amnistía, que además tiene límites claros: solo permitiría detener procesos a los dirigentes procesados por este conflicto puntual, únicamente en esta zona del país y en relación a este momento. Cómo se asegura un escenario de no repetición de persecución si surge o permanece el conflicto.
Un gran error, desde mi punto de vista, es haber levantado sobre expectativas en la población respecto a una solución inmediata de un tema tan complejo como éste, que además lleva años desarrollándose como política y que no será fácil revertirla. Seguro es importante reconocer que estamos frente a una buena oportunidad de empezar a frenar y eliminar la misma, pero hay que ser consecuentes sincerando que eso puede implicar un progresivo y lento proceso de reformas. Promover modificaciones normativas a leyes penales que permiten la criminalización, es seguro una apuesta indispensable, pero ¿estamos realmente en un escenario político que permita que las mismas se produzcan pronto?
De momento, nos parece que sería valioso proponer instrumentos más concretos. Promover un Acuerdo Plenario del Poder Judicial sobre el tema de protesta social, que solo implicaría una reunión de todos los Jueces Supremos para ponerse de acuerdo y definir criterios claros sobre temas medulares del ejercicio de este derecho, diferenciándolo de los delitos de extorsión, disturbios, o cualquier otro similar, establecer criterios de diferenciación de una comunidad y su estructura, con una organización criminal; dejar en claro criterios de responsabilidad, en relación a lo cual no puede asumirse per sé que un dirigente por su condición de tal, es el autor mediato (intelectual) de cualquier disturbio que se genere, etc. A estas alturas un instrumento como éste -vinculante para todos los jueces del país- podría ayudar a resolver rápida y correctamente varios de estos procesos, no solo en las Bambas, y prevenir que se vuelva a instaurar en nuevos casos.
Las comisiones del Poder Judicial, que se sugirieron en el marco de este conflicto, para evaluar la actuación de los jueces que intervienen en los casos pueden ayudar; es indispensable generar una comisión propia del Ministerio Público, tal vez el propio órgano de Control Interno, con ello se podría lograr que casos que aun están en investigación, no sean formalizados sin sustento probatorio y de manera arbitraria como ha estado sucediendo hasta hoy.
Pero la apuesta tiene que ser sobre mecanismos integrales, que solucionen los problemas de fondo, recordemos que el objetivo en estos momentos, es la reivindicación de la Justicia, la cual reviste una necesidad de reconocimiento de derechos y el traslado de la responsabilidad sobre los reales generadores de los conflictos.
————
[1] CIDH
